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FUSIÓN: ALERTA SALUD…

El jefe de gobierno porteño pretende fusionar los hospitales Muñiz, Udaondo y Ferrer en el Complejo Hospitalario Sur. La presión sobre los trabajadores que se oponen a la medida y el vínculo con Techint para adjudicarle la obra.

A Mauricio Macri le gusta imaginar construcciones. No carga en vano el título de ingeniero civil. Y si de chico, alguna vez, jugueteó con legos de colores, ahora el intendente porteño despunta el vicio con planos más complejos y teñidos por el gris opaco del concreto. La última novedad: fusionar los hospitales Francisco J. Muñiz, Dr. Carlos Bonorino Udaondo y María Ferrer en el futuro Complejo Hospitalario Sur. Un negocio público-privado millonario que, de concretarse, detonará una bomba sanitaria en la ciudad.

La unificación es una vieja idea del macrismo pero recién tomó forma este año. En pleno receso estival –y mientras Mauricio intentaba superar su ruptura con María Laura “Malala” Groba jugando al golf en la Patagonia–, Horacio Rodríguez Larreta le dio curso a una presentación de la empresa Techint S.A. que contempla, justamente, ese proyecto de obra pública. Amparada bajo el Régimen Nacional de Iniciativa Privada –impulsado por el Poder Ejecutivo en 2005 para “promover la participación e inversión del sector privado en forma conjunta con el sector público para la realización de emprendimientos de interés general” y al que la ciudad adhirió en diciembre de 2007–, la compañía elaboró un plan para poner en valor, refuncionalizar y ampliar las edificaciones del Hospital Muñiz.

Según el expediente Nº 13.683/10, Techint S.A. ofrece la posibilidad de ubicar en ese único predio “la instalación de tres unidades de tratamientos de patologías específicas que actualmente cubren los hospitales Muñiz, Ferrer y Udaondo”. El calor le imprimió ritmo a la cartera de Rodríguez Larreta: con la Resolución Nº 35, el jefe de Gabinete designó “al señor Director General de Región Sanitaria I, Dr. Néstor Pérez Baliño (DNI 7.609.612), dependiente del Ministerio de Salud, como integrante ‘ad hoc’ de la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas creada por la Resolución Nº 52-MDEGC/2008” y logró poner en agenda una unificación resistida.

La mayoría del equipo médico y no médico afectado por los cambios se opone a la movida Pro. ¿El motivo? No existe antecedente sanitario alguno en el país que avale la reconversión de un hospital infectocontagioso y dos monovalentes –el de gastroenterología y el de enfermedades respiratorias crónicas– en un mismo lugar. Sin embargo, el interés macrista no se apoya en la salud: su base tiene la cara del dinero. En este caso, los legos de Mauricio, versión 2010, habilitan negocios millonarios: la construcción del nuevo complejo estima un desembolso que supera los 170 millones de dólares y libera, además, dos predios ubicados en Barracas (el Udaondo y el Ferrer), disponibles para encarar proyectos inmobiliarios de envergadura. A esta altura, un deporte oficial en el círculo íntimo del intendente.

Con un valor por metro cuadrado que en Barracas, oscila entre los 800 y los 1.000 dólares -según diversas inmobilidarias consultadas-, el terreno del Udaondo equivaldría a 2.800.000 dólares (tiene 2800 m2). Un precio de venta para el terreno nada despreciable. Además, no es la primera vez que Macri intenta revalorizar zonas porteñas. Por caso el Diputado por Diálogo por Buenos Aires Eduardo Epszteyn aseguró en 2008 a Veintitrés que el cierre de los hospitales Borda y Moyano también estaba vinculado con emprendimientos inmobiliarios: la construcción de diez nuevos centros de internación y doce hospitales diurnos para atender a los pacientes con patologías neuropsiquiátricas, así como cambios en el trazado de subterráneos y estaciones de cabecera para revalorizar el barrio. Si bien el Muñiz perteneció desde sus orígenes al gobierno porteño, los edificios donde funcionan los restantes complejos sanitarios se transfirieron a la ciudad en distintas épocas. Mientras en 1978 la junta de gobierno militar le entregó a Osvaldo Cacciatore -a través del decreto ley 21.883- los predios de algunos establecimientos asistenciales porteños, fue durante el gobierno de Carlos Menem cuando los hospitales nacionales ubicados en el distrito se traspasaron definitivamente a la ciudad. En este caso fue a través de la Ley 24.061 que, en su artículo 28, autoriza al Poder Ejecutivo Nacional "a transferir los bienes muebles e inmuebles de su pertenencia que actualmente utiliza para prestar los servicios que se refieren en el artículo 25 de la presente ley (referidos a los hospitales públicos)".

Para resistir el embate macrista un grupo de legisladores porteños propuso declarar patrimonio histórico al edificio del Muñiz que, creado en 1881 para enfrentar la epidemia de fiebre amarilla, hoy combate a otro enemigo, pero del mismo color. En esa línea el último 5 de mayo se realizó una audiencia pública en la Legislatura con el objeto de debatir "el nivel de protección cautelar de los edificios pertenecientes al hospital". José Eduardo del Mármol, ex director del establecimiento, aseguró: "El Muñiz es un centro médico de referencia a nivel local y regional. Tiene 160 mil consultas anuales, de las cuales el 60 por ciento es por HIV. La atención ambulatoria también creció enormemente y a través de ella reciben medicación 2.200 pacientes (...) Por eso no es conveniente juntarlos con afectados por otras patologías. En Toronto por, ejemplo, años atrás aparecieron dos casos de gripe aviar en un hospital monoblock. Y tuvieron que clausurarlo en su totalidad porque no se podía establecer  un sistema de aislamiento del virus. Esos son datos que deben tenerse en cuenta". En igual sentido el enfermero y dirigente de Sutecba, José I. Pérez, resaltó: "No hay que perder de vista, además, que los hospitales de la zona sur atienden a la gente que realmente se encuentra en inferioridad económica. Mientras que en Europa conservan como patrimonio histórico, cultural y sanitario a los hospitales pabellonados, acá algunos iluminados nos quieren hacer ver que eso es lo antiguo, que tenemos que ir por otro camino. Que no nos lleve por delante un negocio; que no nos lleve por delante ese progreso que pretenden porque se les responde desde la ideología y la política social y sanitaria que consiste en ayudar al más necesitado. Si no protegemos a este hospital, no podrá evitarse que venga la topadora y nos lleve puestos".

Pero la maquinaria de presión Pro ya comenzó a funcionar por distintas vías. En el caso del hospital Udaondo, la estrategia apunta al abandono y el desmantelamiento. El último 6 de abril, la médica Ana Retamozo denunció en la Legislatura: "Tenemos equipos de radiología que no funcionan y llevamos nueve meses sin tener gas. En las salas de internación por ejemplo, los pacientes no se bañan y los obligan a comprar paños higiénicos. Las bombas de agua no andan y desde el ministerio nos dijeron que tenemos que arreglarnos porque las licitaciones tardarían mucho en salir. La situación es un desastre. En 2008 habían aprobado por presupuesto una partida para el hospital que nunca llegó. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Cuál es la respuesta para la destrucción del hospital? Estamos ante un cierre encubierto".

En cambio, en el Muñiz -que también afronta problemas estructurales, como la falta de camas en terapia intermedia e intensiva- la mayor presión está puesta en los trabajadores. El pasado 19 de mayo, personal profesional y administrativo repudió la jubilación compulsiva decidida por el Ministerio de Salud. Jorge Selser, legislador de Proyecto Sur y presidente de la Comisión de Salud, cuenta que "con mi equipo constatamos que el ministerio intimó a más de 70 personas del plantel a jubilarse de modo forzado, lo que incide en la reducción del mismo. Además hay salas de internación cerradas y funciona el 60 por ciento de terapia intensiva". Si bien los médicos de ese establecimiento pueden ampararse en el plus de insalubridad -que les permite acceder al retiro antes de contar con la edad requerida por ley por estar en contacto con enfermedades infecciosas-, se trata de una decisión personal y no de una cláusula en la que los gobiernos puedan ampararse para obligar a los empleados a jubilarse.

Abandono estructural, recorte de personal, demora en la entrega de insumos y medicamentos, desmantelamiento de espacios. La lista de acciones -u omisiones- de la tropa macrista apunta a justificar la fusión. El propio titular de la cartera de salud porteña Jorge Lemus, explicó ante los legisladores: "El hospital Udaondo, junto con el Ferrer y el Muñiz, están en una condición de infraestructura de crisis extrema. Hemos heredado tres hospitales y nuestra respuesta, además de arreglarlos todos los días para que puedan seguir con su actividad, fue reunirnos con autoridades y representantes gremiales para diseñar un plan para hacerlos de nuevo. Ya está consensuado el plan médico y el plan arquitectónico. No se trata de hacer un pabellón de un hospital sino de hacer uno que sea moderno, a partir de un hospital a veces irrecuperable, que necesitará mucho más dinero que levantar uno nuevo. De esta manera vamos a cumplir con los tres y arreglar definitivamente un problema que no puede tener resoluciones de pequeño nivel".

Un médico del Muñiz, que pidió mantener en reserva su nombre por temor a represalias, desmiente al ministro: "No sólo el macrismo avanzó en su decisión de intervenir los hospitales sin consultarnos, sino que sus arquitectos nunca visitaron las instalaciones. De hecho en una reunión con el director del establecimiento confesaron que para hacer los planos se valieron de imágenes de Google Earth. Una verguenza".


Fuente: Revista Veintitrés [síntesis]

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